Ministra Etcheverry explicó los detalles del proyecto de ley que busca establecer un marco para la creación de empresas en universidades

Desde la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) en 2018, se viene barajando la idea de regular la transferencia tecnológica, es decir, establecer un  marco en que las investigaciones, principalmente de universidades, lleguen al mercado. Finalmente, este 1 de abril, los ministerios Secretaría General de la Presidencia; Economía, Fomento y Turismo; Educación; y CTCI ingresaron el proyecto de ley de Transferencia de Tecnología y Conocimiento a la Cámara de Diputados.

En lo grueso, la iniciativa busca promover la investigación en las instituciones de educación superior (IES), flexibilizar sus estructuras de transferencia tecnológica para facilitar la creación de empresas de base científica tecnológica (EBCT) bajo su alero, respetando su autonomía, y crear un Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica.

La ministra de CTCI, Aisén Etcheverry, comentó que el proyecto busca resolver los “vacíos o trabas regulatorias” que dificultan los procesos de transferencia tecnológica en el país y la creación de este tipo de empresas que tradicionalmente se les ha llamado spin-off en las instituciones de educación superior. “Queremos que exista un traspaso mucho más dinámico y fluido entre el mundo de las universidades y las startups, en particular”, dijo Etcheverry.

De acuerdo con el texto del proyecto de ley, las principales limitaciones están en aspectos de propiedad de la nuevas empresas, además de temas de propiedad intelectual e industrial. Por ejemplo, hoy los investigadores de universidades públicas solo pueden quedarse con el 10% de la nueva empresa; mientras que las IES privadas pueden tener un máximo de 10% de la propiedad.

Etcheverry comentó también que la iniciativa tomó como punto de partida el trabajo que dejó la administración anterior y que no alcanzó a transformarse en ley.

“Se trabajó con un consejo asesor en temas de transferencia y empresas de base científica tecnológica que existía en el ministerio, con distintas personas que se mantuvieron en el Gobierno y que nos ayudaron a entender el proceso y el trabajo que habían hecho”, dijo.

Añadió que el contenido fue discutido con diferentes organismos del Gobierno, como la Subsecretaría de Educación Superior y el Ministerio de Economía, y que contó con el apoyo de hubs de transferencia tecnológica, universidades, y de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile.

Ejes del proyecto

La ministra señaló que el proyecto de ley contempla tres ejes principales. En primer lugar, busca levantar las restricciones existentes para que las universidades y sus investigadores puedan desarrollar spin off o participar de empresas que se basan en conocimiento, generadas en centros de investigación o instituciones universitarias.

“Hoy existe, por ley, un impedimento y un tope para que una universidad del Estado pueda participar de un emprendimiento de base científica tecnológica. Los contratos tienen un techo de 200 UTM (un poco más de $ 13 millones). Los investigadores no pueden desempeñarse como empleados o funcionarios de las empresas. Eso genera una traba para que las universidades puedan generar startups y para que sus profesores e investigadores puedan vivir en los dos mundos”, afirmó la ministra.

En segundo lugar, explicó que la iniciativa le entrega un mandato al Estado para poder gestionar el conocimiento disponible, más allá de las patentes existentes o de modelos de utilidad. “Si bien tenemos una política de ciencia abierta en la ANID (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que depende de la cartera de CTCI), no existe un mandato legal ni una herramienta que nos permita gestionar ese conocimiento”, comentó.

Para abordar este punto, el proyecto crea a nivel de ley un Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica -a cargo de la ANID- el que tiene por objetivo recolectar, clasificar, conservar y difundir el conocimiento en el país. Una iniciativa, explicó Etcheverry, que permitirá “tanto al Estado como a las universidades y los privados acceder de manera mucho más fácil y dinámica” a las investigaciones e información científica financiadas -parcial o totalmente- con fondos públicos, transparentando sus datos.

Como tercer eje, dijo que la propuesta de regulación dará mayor claridad a la forma en cómo se patentan las investigaciones provenientes de fondos públicos.

“Generamos un mecanismo donde queda a libertad del investigador el poder proteger o no, por derechos de propiedad intelectual, su invento. Y en caso de no hacerlo, este se pone a disponibilidad en el dominio público, de manera que ese conocimiento pueda ser utilizado por todos”, explicó Etcheverry.

Comentó también que el proyecto levanta las restricciones para que tanto las universidades del Estado como las privadas puedan crear spin off” y permitirá que los investigadores puedan formar parte de las empresas generadas y de sus directorios “en la medida de que exista un vector de conocimiento”.

“Esto, por supuesto, tiene ciertas reglas que establece la propia universidad o la Superintendencia de Educación Superior, pero que nos va a habilitar un diálogo mucho más fluido entre las empresas y la academia”, dijo.

A futuro, dijo, “debiésemos ver más empresas creándose y también otras ya creadas, generando mayor innovación en investigación y desarrollo”.